El término “rehabilitación” nos ha acompañado siempre muy de cerca a todos los que nos hemos desarrollado profesionalmente en el sector de la construcción, y especialmente en las disciplinas de arquitectura y urbanismo. De hecho, ha sido, es y debe seguir siendo una práctica que se aleje lo suficiente de ciertas tendencias que nos han acompañado en las últimas décadas y en las que parecía que nada era válido y por tanto había que destruir para volver a hacer.
En las dos décadas que llevamos de siglo XXI se instaura en nuestro vocabulario habitual la expresión “rehabilitación energética” y, concretamente en España, bajo el amparo de un cada vez más restrictivo y medioambientalmente responsable Código Técnico de la Edificación, además de otros estándares y sellos de certificación sostenibles más exigentes aún.
Todo esto, respaldado por innumerables planes de ayudas procedentes de un goteo incesante de fondos europeos, hace que el arquitecto de turno se enfrente en más de una ocasión a una intervención en la que rehabilitar un edificio desde el punto de vista energético sea casi tan importante como los aspectos formales, funcionales, constructivos, estructurales o urbanos.
Jugando un poco con la RAE, rehabilitar significa habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. Pero si nos ponemos ortodoxos, cuando nos enfrentamos a una actuación de rehabilitación energética, generalmente no consiste en volver a un punto anterior, porque entonces volveríamos a caer en los mismos errores. Se trata de sustituir, mejorar y potenciar las debilidades energéticas de los edificios, apoyándonos en todas las posibilidades técnicas que nos ofrece hoy día el mercado, tanto en soluciones de aspecto pasivo como sistemas activos mucho más eficientes.
Según el IDAE, España cuenta con 25 millones de viviendas y uno de los mayores parques de edificios obsoletos energéticamente. Se calcula que hay unos 2.000.000 de viviendas en mal estado de conservación.
En materia de eficiencia energética el déficit es muy importante, ya que el 90% de los edificios son anteriores a la aplicación del Código Técnico de la Edificación y el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética (son anteriores a la aplicación de la norma NBE-CT 79).
Eso supone que, hasta el año 2020, los edificios y el sector de la construcción sumen el 38 % de emisiones globales de CO2.
En este sentido, se antoja necesario el respaldo y la involucración de la Administración en este tipo de intervenciones. Creemos firmemente que los sectores profesionales se encuentran cada vez más concienciados con una práctica profesional más eficiente y sostenible, pero queda mucho camino por recorrer en cuanto al papel del ciudadano, el cual ve cómo la amortización de determinadas acciones que supongan un ahorro energético se produce a largo plazo.
En este contexto, desde Civile hemos tenido la oportunidad de desarrollar diversos proyectos en los que hemos acometido una serie de actuaciones que suponían un importante ahorro del consumo energético de varios edificios, generalmente construidos hacía varias décadas, y en las que hemos intervenido tanto en sistemas pasivos, con mejoras de la envolvente del edificio actuando en fachadas y carpinterías exteriores, como sistemas activos en los que se produce un importante descenso del consumo directo de energía primaria y que conlleva a un menor gasto de consumo eléctrico, como puede ser la sustitución de la instalación de iluminación o HVAC por otras mucho más eficientes.
En conclusión, el construir y reconstruir con una mentalidad más sostenible es un papel que debemos desempeñar todos los agentes que intervenimos en el sector de la construcción, no solo por dinamizar una economía que cuenta con un potencial de desarrollo al que no se le ve el final, sino por llevar a cabo en nuestro día a día acciones concretas que suponen beneficios económicos y de confort para los usuarios y sobre todo medioambientales para nuestro planeta.
